En Venezuela, las personas trans constituimos el grupo poblacional más excluido desde el punto de vista social, cultural y educativo. Aunque paradójicamente en el 2015 la primera mujer transexual de América Latina ganó un escaño como diputada, en la actualidad, las garantías de derechos para las personas trans continúan en retroceso. En Venezuela es casi imposible citar cifras de violaciones de derechos humanos contra personas de la comunidad LGBTIQ+, debido a que las leyes con enfoque diferenciado son inexistentes y el desconocimiento en materia de género y diversidad sexual contribuye a la censura y la autocensura en el país. A la par que no se detiene la crisis económica en la nación, tampoco se detiene el crecimiento de la brecha de desigualdad, en la que las personas trans cargan con la peor parte. No solo el acceso a medicamentos, tratamiento hormonal o protocolos médicos especializados para las personas trans son deficientes o inexistentes, sino que la migración forzada de las personas trans hacia otros países sigue a la orden del día.
La pobreza extrema, las fallas en los servicios públicos, el salario mínimo de un dólar al mes o el no acceso al empleo, agravan la situación de vulnerabilidad a las que han sido relegadas históricamente las personas trans, quienes además no existen legalmente en registros públicos, sistemas de identificación o censos de población. El lenguaje heteronormativo y machista atraviesa todas las instituciones del Estado venezolano, las leyes y cuanto proceso burocrático existe, dificultando la vida de la gente. Hablamos de una estructura legal patriarcal que discrimina no solo durante la aplicación de la Ley misma, sino también mediante el uso de un lenguaje ambiguo y exclusivamente masculino. Bajo la transfobia oficializada, el desconocimiento y la necesidad de las personas trans de sobrevivir el día a día hacen imposible avanzar en la igualdad de derechos, mientras que nadie con el poder para implementar políticas sociales ha manifestado su apoyo públicamente a una Ley de Identidad de Género.
La pobreza extrema, las fallas en los servicios públicos, el salario mínimo de un dólar al mes o el no acceso al empleo, agravan la situación de vulnerabilidad a las que han sido relegadas históricamente las personas trans, quienes además no existen legalmente en registros públicos, sistemas de identificación o censos de población. El lenguaje heteronormativo y machista atraviesa todas las instituciones del Estado venezolano, las leyes y cuanto proceso burocrático existe, dificultando la vida de la gente. Hablamos de una estructura legal patriarcal que discrimina no solo durante la aplicación de la Ley misma, sino también mediante el uso de un lenguaje ambiguo y exclusivamente masculino. Bajo la transfobia oficializada, el desconocimiento y la necesidad de las personas trans de sobrevivir el día a día hacen imposible avanzar en la igualdad de derechos, mientras que nadie con el poder para implementar políticas sociales ha manifestado su apoyo públicamente a una Ley de Identidad de Género.
En Venezuela, las personas trans constituimos el grupo poblacional más excluido desde el punto de vista social, cultural y educativo. Aunque paradójicamente en el 2015 la primera mujer transexual de América Latina ganó un escaño como diputada, en la actualidad, las garantías de derechos para las personas trans continúan en retroceso. En Venezuela es casi imposible citar cifras de violaciones de derechos humanos contra personas de la comunidad LGBTIQ+, debido a que las leyes con enfoque diferenciado son inexistentes y el desconocimiento en materia de género y diversidad sexual contribuye a la censura y la autocensura en el país. A la par que no se detiene la crisis económica en la nación, tampoco se detiene el crecimiento de la brecha de desigualdad, en la que las personas trans cargan con la peor parte. No solo el acceso a medicamentos, tratamiento hormonal o protocolos médicos especializados para las personas trans son deficientes o inexistentes, sino que la migración forzada de las personas trans hacia otros países sigue a la orden del día.
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