En Honduras, en mayo del 2022 el Estado reconoció públicamente su responsabilidad por la muerte de Vicky Hernández, una de las medidas reparatorias que la Corte IDH ordenó luego de la sentencia que condenó al Estado por el asesinato en 2009 de la trabajadora sexual y activista de la organización por la defensa de los derechos de las personas trans Colectivo Unidad Color Rosa. Casi diez años después de la muerte de Vicky, también en mayo, pero de 2018, Roxanna Hernández, de 33 años falleció por un paro cardíaco tras ser hospitalizada “con neumonía, deshidratación y complicaciones asociadas al VIH” en un centro de detención para migrantes en Estados Unidos, a dónde había llegado como parte de una caravana de personas centroamericanas, huyendo del riesgo e indefensión que sufría como mujer trans. Lo que buscaba Roxana no era un privilegio ni un capricho, sino un derecho básico para vivir con dignidad. Dos vidas de entre tantas que nos han sido arrebatadas por la violencia, el crimen organizado o la desidia del Estado. Honduras continúa siendo el país más peligroso de la región para las personas trans. Solo en 2022, CUCR documentó 122 violaciones de derechos humanos contra la comunidad trans en Honduras, siendo las personas con el mayor índice de violencia sufrido en el país.

En el caso de las muertes, CUCR observó marcados elementos de odio y saña. Hechos crueles que tienen en común la impunidad. El país no cuenta con una legislación que defina claramente y prohíba el delito de discriminación basado en la orientación sexual y la identidad de género.

En 2013, Honduras había adoptado un Código Penal que castigaba la discriminación por diversos motivos, incluidas la orientación sexual y la identidad de género, así como el discurso público que incite a la “discriminación, al odio, al desprecio, la persecución o a cualquier forma de violencia o ataques” por los mismos motivos. Sin embargo, en 2017 el Código Penal fue modificado y la figura jurídica de discriminación como delito desapareció, para dar paso, mediante un lenguaje ambiguo, a la incitación y discriminación; con penas menos fuertes contra los infractores. A la par, los mayores ataques de odio y lenguajes amenazadores continúan generándose desde las estructuras del poder legislativo y ejecutivo, mientras que dicho texto legal terminó en letra muerta.  Honduras no cuenta con una ley que permita que una persona modifique su nombre y su género legal.  En 2015 durante el Examen Periódico Universal en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Honduras aceptó varias recomendaciones orientadas a abordar la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. Sin embargo, rechazó las recomendaciones de aprobar un proyecto de ley sobre identidad de género que establecería un proceso administrativo para el cambio de nombre y género en los documentos oficiales. En 2005, Honduras aprobó una enmienda constitucional que prohíbe el reconocimiento de matrimonio entre personas del mismo sexo, incluidos matrimonios entre personas del mismo sexo contraídos en otros países. Honduras también prohíbe directamente la adopción por parte de parejas del mismo sexo. La homofobia y la transfobia ha sido oficializada y el discurso de odio naturalizado. La discriminación generalizada que las personas trans experimentan como resultado de la discrepancia que existe entre su género y lo que figura en sus documentos de identidad, ha contribuido a encarecer el acceso a los servicios sanitarios, laborales, electorales y bancarios.