En El Salvador, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema determinó en febrero de 2022 que la Constitución prohíbe la discriminación basada en la identidad de género y ordenó a la Legislatura que, dentro del plazo de un año, creara un procedimiento que permitiera a las personas trans cambiar los nombres que figuran en sus documentos de identidad. Un año después, la Asamblea Legislativa de El Salvador continúa ignorando sin ningún reparo el plazo establecido. La ineficacia del Estado es solo uno de los tantos tropiezos que las personas trans hemos enfrentado durante años en la búsqueda de nuestros derechos. En agosto de 2021, un grupo de organizaciones trans presentaron una propuesta de Ley de Identidad de Género por la cual se crearía un procedimiento de reconocimiento legal del género; sin embargo, el proyecto fue archivado en la Asamblea. En mayo de 2021, legisladores y legisladoras de esa misma comisión bloquearon un proyecto de ley similar presentado en 2018. En junio de 2019, el Presidente Bukele disolvió la Dirección de Diversidad Sexual tras eliminar la Secretaría de Inclusión Social, creada en 2010, y que se ocupaba capacitar a empleados del ejecutivo sobre identidad de género y orientación sexual, y de realizar investigaciones sobre cuestiones LGBTIQ+ a nivel nacional.
En diciembre de 2022, El Salvador suspendió su participación en el Core Group LGBTIQ+ de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), un grupo de Estados cuyo objetivo declarado es trabajar en el marco de las Naciones Unidas para lograr el respeto universal de los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos, en especial, las personas LGBTIQ+ con especial atención en la protección contra la violencia y la discriminación. A estos retrocesos se añade la lista interminable de violaciones de derechos humanos contra nuestra comunidad en El Salvador. Solo en 2022, ASPIDH documentó poco más de 100 violaciones de derechos humanos contra la comunidad LGBTIQ+, incluyendo actos de acoso, hostigamiento, violencia sexual, abuso de poder o asesinato contra la comunidad trans.
En diciembre de 2022, El Salvador suspendió su participación en el Core Group LGBTIQ+ de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), un grupo de Estados cuyo objetivo declarado es trabajar en el marco de las Naciones Unidas para lograr el respeto universal de los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos, en especial, las personas LGBTIQ+ con especial atención en la protección contra la violencia y la discriminación. A estos retrocesos se añade la lista interminable de violaciones de derechos humanos contra nuestra comunidad en El Salvador. Solo en 2022, ASPIDH documentó poco más de 100 violaciones de derechos humanos contra la comunidad LGBTIQ+, incluyendo actos de acoso, hostigamiento, violencia sexual, abuso de poder o asesinato contra la comunidad trans.
En El Salvador, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema determinó en febrero de 2022 que la Constitución prohíbe la discriminación basada en la identidad de género y ordenó a la Legislatura que, dentro del plazo de un año, creara un procedimiento que permitiera a las personas trans cambiar los nombres que figuran en sus documentos de identidad. Un año después, la Asamblea Legislativa de El Salvador continúa ignorando sin ningún reparo el plazo establecido. La ineficacia del Estado es solo uno de los tantos tropiezos que las personas trans hemos enfrentado durante años en la búsqueda de nuestros derechos. En agosto de 2021, un grupo de organizaciones trans presentaron una propuesta de Ley de Identidad de Género por la cual se crearía un procedimiento de reconocimiento legal del género; sin embargo, el proyecto fue archivado en la Asamblea. En mayo de 2021, legisladores y legisladoras de esa misma comisión bloquearon un proyecto de ley similar presentado en 2018. En junio de 2019, el Presidente Bukele disolvió la Dirección de Diversidad Sexual tras eliminar la Secretaría de Inclusión Social, creada en 2010, y que se ocupaba capacitar a empleados del ejecutivo sobre identidad de género y orientación sexual, y de realizar investigaciones sobre cuestiones LGBTIQ+ a nivel nacional.
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