En El Salvador, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema determinó en febrero de 2022 que la Constitución prohíbe la discriminación basada en la identidad de género y ordenó a la Legislatura que, dentro del plazo de un año, creara un procedimiento que permitiera a las personas trans cambiar los nombres que figuran en sus documentos de identidad. Un año después, la Asamblea Legislativa de El Salvador continúa ignorando sin ningún reparo el plazo establecido. La ineficacia del Estado es solo uno de los tantos tropiezos que las personas trans hemos enfrentado durante años en la búsqueda de nuestros derechos. En agosto de 2021, un grupo de organizaciones trans presentaron una propuesta de Ley de Identidad de Género por la cual se crearía un procedimiento de reconocimiento legal del género; sin embargo, el proyecto fue archivado en la Asamblea. En mayo de 2021, legisladores y legisladoras de esa misma comisión bloquearon un proyecto de ley similar presentado en 2018. En junio de 2019, el Presidente Bukele disolvió la Dirección de Diversidad Sexual tras eliminar la Secretaría de Inclusión Social, creada en 2010, y que se ocupaba capacitar a empleados del ejecutivo sobre identidad de género y orientación sexual, y de realizar investigaciones sobre cuestiones LGBTIQ+ a nivel nacional.

En diciembre de 2022, El Salvador suspendió su participación en el Core Group LGBTIQ+ de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), un grupo de Estados cuyo objetivo declarado es trabajar en el marco de las Naciones Unidas para lograr el respeto universal de los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos, en especial, las personas LGBTIQ+ con especial atención en la protección contra la violencia y la discriminación. A estos retrocesos se añade la lista interminable de violaciones de derechos humanos contra nuestra comunidad en El Salvador. Solo en 2022, ASPIDH documentó poco más de 100 violaciones de derechos humanos contra la comunidad LGBTIQ+, incluyendo actos de acoso, hostigamiento, violencia sexual, abuso de poder o asesinato contra la comunidad trans.

En Cuba, si bien han existido avances considerables en los últimos años en materia de protección de derechos para la comunidad LGBTIQ+, como el reconocimiento de la no discriminación por motivos de género, identidad de género u orientación sexual en la Constitución del 2019, o la reciente aprobación en referéndum popular de un Código de las Familias (2022) que recoge importantes avances en materia legal como el derecho a la adopción o al matrimonio igualitario, todavía es ineficaz la estrategia de protección del Estado cubano contra los crímenes de odio contra la población trans. El Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), la única institución permitida por el gobierno cubano para canalizar los reclamos de la Comunidad LGBTIQ+ trabaja desde hace más de 10 años en un proyecto de Ley de Identidad de Género que no parece tener fecha de discusión ni ser prioridad para las estructuras del poder en Cuba.

Las personas transgénero en este momento pueden, luego de sortear varias dificultades burocráticas, cambiar sus nombres en los documentos de identidad, pero no así su género, debido a que en todos los documentos legales se continúa preguntando a las personas su sexo y no su identidad o expresión de género. Esto a pesar de los diversos avances en materia de seguridad biométrica. Las manifestaciones transfóbicas y los discursos de odio continúan en casi todas las esferas de la política y a menudo las personas trans continúan siendo víctima de acoso y discriminación en escuelas y centros laborales, sin que exista una política pública que garantice en la práctica los derechos consagrados en ley.

En Honduras, en mayo del 2022 el Estado reconoció públicamente su responsabilidad por la muerte de Vicky Hernández, una de las medidas reparatorias que la Corte IDH ordenó luego de la sentencia que condenó al Estado por el asesinato en 2009 de la trabajadora sexual y activista de la organización por la defensa de los derechos de las personas trans Colectivo Unidad Color Rosa. Casi diez años después de la muerte de Vicky, también en mayo, pero de 2018, Roxanna Hernández, de 33 años falleció por un paro cardíaco tras ser hospitalizada “con neumonía, deshidratación y complicaciones asociadas al VIH” en un centro de detención para migrantes en Estados Unidos, a dónde había llegado como parte de una caravana de personas centroamericanas, huyendo del riesgo e indefensión que sufría como mujer trans. Lo que buscaba Roxana no era un privilegio ni un capricho, sino un derecho básico para vivir con dignidad. Dos vidas de entre tantas que nos han sido arrebatadas por la violencia, el crimen organizado o la desidia del Estado. Honduras continúa siendo el país más peligroso de la región para las personas trans. Solo en 2022, CUCR documentó 122 violaciones de derechos humanos contra la comunidad trans en Honduras, siendo las personas con el mayor índice de violencia sufrido en el país.

En el caso de las muertes, CUCR observó marcados elementos de odio y saña. Hechos crueles que tienen en común la impunidad. El país no cuenta con una legislación que defina claramente y prohíba el delito de discriminación basado en la orientación sexual y la identidad de género.

En 2013, Honduras había adoptado un Código Penal que castigaba la discriminación por diversos motivos, incluidas la orientación sexual y la identidad de género, así como el discurso público que incite a la “discriminación, al odio, al desprecio, la persecución o a cualquier forma de violencia o ataques” por los mismos motivos. Sin embargo, en 2017 el Código Penal fue modificado y la figura jurídica de discriminación como delito desapareció, para dar paso, mediante un lenguaje ambiguo, a la incitación y discriminación; con penas menos fuertes contra los infractores. A la par, los mayores ataques de odio y lenguajes amenazadores continúan generándose desde las estructuras del poder legislativo y ejecutivo, mientras que dicho texto legal terminó en letra muerta.  Honduras no cuenta con una ley que permita que una persona modifique su nombre y su género legal.  En 2015 durante el Examen Periódico Universal en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Honduras aceptó varias recomendaciones orientadas a abordar la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. Sin embargo, rechazó las recomendaciones de aprobar un proyecto de ley sobre identidad de género que establecería un proceso administrativo para el cambio de nombre y género en los documentos oficiales. En 2005, Honduras aprobó una enmienda constitucional que prohíbe el reconocimiento de matrimonio entre personas del mismo sexo, incluidos matrimonios entre personas del mismo sexo contraídos en otros países. Honduras también prohíbe directamente la adopción por parte de parejas del mismo sexo. La homofobia y la transfobia ha sido oficializada y el discurso de odio naturalizado. La discriminación generalizada que las personas trans experimentan como resultado de la discrepancia que existe entre su género y lo que figura en sus documentos de identidad, ha contribuido a encarecer el acceso a los servicios sanitarios, laborales, electorales y bancarios.

En Venezuela, las personas trans constituimos el grupo poblacional más excluido desde el punto de vista social, cultural y educativo. Aunque paradójicamente en el 2015 la primera mujer transexual de América Latina ganó un escaño como diputada, en la actualidad, las garantías de derechos para las personas trans continúan en retroceso. En Venezuela es casi imposible citar cifras de violaciones de derechos humanos contra personas de la comunidad LGBTIQ+, debido a que las leyes con enfoque diferenciado son inexistentes y el desconocimiento en materia de género y diversidad sexual contribuye a la censura y la autocensura en el país. A la par que no se detiene la crisis económica en la nación, tampoco se detiene el crecimiento de la brecha de desigualdad, en la que las personas trans cargan con la peor parte. No solo el acceso a medicamentos, tratamiento hormonal o protocolos médicos especializados para las personas trans son deficientes o inexistentes, sino que la migración forzada de las personas trans hacia otros países sigue a la orden del día.

La pobreza extrema, las fallas en los servicios públicos, el salario mínimo de un dólar al mes o el no acceso al empleo, agravan la situación de vulnerabilidad a las que han sido relegadas históricamente las personas trans, quienes además no existen legalmente en registros públicos, sistemas de identificación o censos de población. El lenguaje heteronormativo y machista atraviesa todas las instituciones del Estado venezolano, las leyes y cuanto proceso burocrático existe, dificultando la vida de la gente.  Hablamos de una estructura legal patriarcal que discrimina no solo durante la aplicación de la Ley misma, sino también mediante el uso de un lenguaje ambiguo y exclusivamente masculino. Bajo la transfobia oficializada, el desconocimiento y la necesidad de las personas trans de sobrevivir el día a día hacen imposible avanzar en la igualdad de derechos, mientras que nadie con el poder para implementar políticas sociales ha manifestado su apoyo públicamente a una Ley de Identidad de Género.