En Cuba, si bien han existido avances considerables en los últimos años en materia de protección de derechos para la comunidad LGBTIQ+, como el reconocimiento de la no discriminación por motivos de género, identidad de género u orientación sexual en la Constitución del 2019, o la reciente aprobación en referéndum popular de un Código de las Familias (2022) que recoge importantes avances en materia legal como el derecho a la adopción o al matrimonio igualitario, todavía es ineficaz la estrategia de protección del Estado cubano contra los crímenes de odio contra la población trans. El Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), la única institución permitida por el gobierno cubano para canalizar los reclamos de la Comunidad LGBTIQ+ trabaja desde hace más de 10 años en un proyecto de Ley de Identidad de Género que no parece tener fecha de discusión ni ser prioridad para las estructuras del poder en Cuba.

Las personas transgénero en este momento pueden, luego de sortear varias dificultades burocráticas, cambiar sus nombres en los documentos de identidad, pero no así su género, debido a que en todos los documentos legales se continúa preguntando a las personas su sexo y no su identidad o expresión de género. Esto a pesar de los diversos avances en materia de seguridad biométrica. Las manifestaciones transfóbicas y los discursos de odio continúan en casi todas las esferas de la política y a menudo las personas trans continúan siendo víctima de acoso y discriminación en escuelas y centros laborales, sin que exista una política pública que garantice en la práctica los derechos consagrados en ley.